El gobierno por medio del Ministerio de Industria ha presentado un borrador para un Anteproyecto de ley donde se propone nacionalizar las fuentes de agua mineral y termal españolas. El objetivo es poner fin a los problemas existentes en el régimen de propiedad de las aguas termales y minerales en la actualidad que hasta ahora permite su explotación económica.

De este modo el agua pasaría a ser de propiedad estatal y las empresas que basan su negocio en la explotación del agua (Solán de Cabras, Fontvella, Lanjarón, etc) perderían parte de sus privilegios y posiblemente de su negocio. Para compensar esta pérdida el gobierno propondrá un periodo de transición de 60 años, durante el cual la concesión de estos derechos seguiría perteneciendo a las empresas.

La noticia ha supuesto que se abra una batalla entre las compañías afectadas y el gobierno. Veremos lo que da de sí

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