La crisis hipotecaria que se está llevando por delante buena parte de las ganancias bursátiles del año, y que amenaza seriamente con provocar una crisis económica mundial, no deja de tener sus efectos colaterales. Se buscan los métodos necesarios, y las armas suficientes, no sólo para evitar que el problema vaya a más, sino también para atajar que en el futuro vuelvan a suceder hechos similares.

Ahora el Estado, a través de su Ministerio de Economía y Hacienda pretende evitar las tasaciones fraudulentas que sobrevaloran las propiedades. Para ello, las compañías tasadoras habrán de tener en cuenta en sus tasaciones los datos relativos a estos inmuebles que figuran en el Catastro.

La mayoría de los préstamos hipotecarios que se ofrecen en el mercado dan hasta un 80% del valor de tasación de la propiedad, porcentaje recomendado por el Banco de España. Para poder dar a su cliente el 100% del valor de compra del piso, las entidades bancarias y las compañías tasadoras que para ellos trabajan, inflan el valor de tasación del inmueble, de modo que el 80% de ese valor de tasación “inflado” sea igual al 100% del valor de tasación “real”. Son prácticas muy habituales en el negocio bancario pero que al mismo tiempo conlleva una sobrevaloración de todo el mercado inmobiliario.

Esta nueva exigencia del Estado con el que se pretende cortar de raíz este problema, vendrá a modificar las normas de tasación actualmente existentes. El texto que regula este apartado, y que ya fue aprobado en el pasado mes de abril, está a la firma del Ministro de Economía y su posterior publicación en el BOE o en otra iniciativa legislativa.