Debido a la explosión inmobiliaria sufrida en los últimos años por España, el impuesto de transmisiones patrimoniales (ITP), el impuesto de actos jurídicos documentados (AJD) han alcanzado una gran importancia en el presupuesto de las comunidades autónomas.

Una consecuencia más en la disminución de las ventas de las viviendas, al margen de que se vean afectadas las cuentas de los bancos porque se realicen menos hipotecas, es el descenso en la recaudación del principal impuesto para las comunidades autónomas que grava las compra-ventas de viviendas.

Este descenso del impuesto de transmisiones patrimoniales, entre un 10% y un 20%, está trastocando las cuentas públicas porque, además, el Gobierno obliga a las comunidades autónomas a terminar el ejercicio con un superávit del 0,25%.

Todas las comunidades autónomas se verán afectadas por ese descenso recaudatorio, en mayor o menor medida, aunque algunas suplirán esa reducción con los ingresos procedentes de otros impuestos como el IVA, el impuesto de patrimonio. Para Madrid, los ingresos por el ITP, representan un 22% sobre el total de sus ingresos y para Cataluña supone un 15%, siendo estas las comunidades que más dependen de la recaudación de estos ingresos.

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