Ya era hora de que el Gobierno tomara cartas en el asunto y que se dedicara a establecer un cierto control sobre las entidades no financieras que se dedican a conceder todo tipo de créditos desde los inmediatos, los créditos rápidos, créditos de 3.000 euros hasta la concesión de hipotecas y la reunificación de deudas, además teniendo en cuenta de que es en épocas de crisis económica como la actual cuando los ciudadanos más suelen echar mano a este tipo de entidades.

Decimos esto porque en alguna ocasión hemos escuchado que una persona acudió a una de estas entidades no financieras y por la pillería de sus gerentes o por el engaño o por el desconocimiento de lo que firmaba el consumidor se encontró con que de una deuda que había contraído de 10.000 euros por un préstamo, había terminado perdiendo su casa.

Para tratar de que este tipo de casos no ocurran en la medida de lo posible y que haya más transpariencia en este tipo de empresas, el Gobierno ha elaborado un proyecto de ley pendiente de aprobar para regular a estas entidades no financieras y obligarles a que se inscriban en un registro público estatal.

El objetivo es que todo esté bien atado en temas como la publicidad, hacer más transparentes los contratos, el interés que apliquen y que los clientes puedan desistir en 14 días. Todo ello para evitar casos de estafas o de insolvencia y a su vez dotar de la seguridad jurídica suficiente a estas entidades no financieras.

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