Aunque el gobierno sacó adelante una serie de ayudas para facilitar el acceso a la vivienda de los jóvenes con ayudas para el alquiler, éstas parecen insuficientes y es por ello que se tiene pensado ofrecer viviendas de protección oficial para que las personas con un salario bajo puedan acceder a una vivienda que no sea de protección.

Para empezar a llevar a cabo la construcción de 1,5 millones de viviendas de protección oficial a lo largo de 10 años, este plan pasa por adquirir durante los próximos 4 años y con un presupuesto de 300 millones de euros, suelo privado, lo que será gestionado por la entidad pública de suelo, denominada SEPES.

Esta entidad junto con las comunidades autónomas, serán las encargadas de velar porque el precio de estos terrenos se ajuste a su precio real y que no se conviertan en objeto de especulación. De esta manera se sopesarán todas las ofertas para elegir la más idónea en función del precio, de la mejor ubicación y de si son terrenos que están listos para construir de manera inmediata o si necesitan de permisos por ejemplo.

Además con esta propuesta de adquirir suelo privado, se verán beneficiados promotores e inmobiliarias que se desharán de un terreno que bajo las condiciones actuales tienen difícil vender y que no les trae cuenta edificar.

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