En la época del boom inmobiliario los bancos y cajas de ahorros cometieron excesos al conceder financiación para comprar una vivienda por encima del 80% del valor de tasación de la vivienda así como en ser más flexibles en criterios respecto a que la carga hipotecaria de las familias no debía de sobrepasar un porcentaje del 35% 40% de los ingresos de éstas, cosa que el Banco de España ya recomendaba que se tuviera en cuenta.

Pero es ahora precisamente con la actual situación económica de muchas familias cuando las entidades financieras pagarán por esa flexibilidad excesiva en forma de un aumento de su morosidad nuevamente ya que si a pesar de que la tasa de morosidad se ha elevado hasta el 4.5% en los dos últimos años, se prevé que ésta pueda aumentar hasta un 7%-8% fruto de que una quinta parte de las hipotecas concedidas están en situación de riesgo de morosidad.

Esta situación se producirá conforme los parados vayan agotando sus prestaciones y subsidios a pesar de la ayuda de 420 euros del gobierno y conforme aquellas personas que han estado trabajando en trabajos temporales a lo largo del verano y en las obras públicas impulsadas por el gobierno bajo el Plan E, queden en paro y sin ingresos.

Para cubrirse las espaldas muchas entidades financieras tienen como garantía los avales que exigían a sus clientes y en menor medida los seguros de protección de pagos que también aunque solamente sea de un periodo de tiempo corto para atrás están obligando a contratar a los demandantes de créditos hipotecarios.

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