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-     Escrito por gon

Ley de morosidad

Afrontemos la situación: en España, la morosidad, ya sea dentro de la esfera privada o pública, es una de las grandes lacras con las que tienen que cargar -y enfrentarse- las pymes y autónomos. Como si estos colectivos no tuvieran que abordar otra serie de desventajas frente a otros mucho más protegidos (sí, los asalariados), queda claro que la morosidad es el gran palo en la rueda para este tipo de trabajadores. Especialmente cuando su grueso de negocio se concentra en las administraciones públicas. Un hecho que, desgraciadamente, ha tomado más relevancia desde el inicio de la crisis allá por 2008.

Las consecuencias de la morosidad son devastadoras, qué duda cabe. No permiten estímulo, crecimiento ni inversiones y estrangula unas arcas que, de por sí, no suelen ser fuertes, generando un probable desfase de liquidez que, incluso en algunos casos, puede llevar a auténticas fatalidades, como el cierre de la propia empresa.

Ante tal panorama de graves consecuencias, y ante este problema, los portavoces de autónomos y pymes se pusieron manos a la obra para intentar detener la sangría de demoras e impagos. Así, unieron sus fuerzas para promover la Ley de morosidad y la creación de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad. ¿El objetivo? Encontrar soluciones satisfactorias y concienciar al tejido social de la importancia de poner el cerco definitivo a la tan temida morosidad.



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Qué es la Ley de Morosidad

En España existe una legislación actual sobre morosidad vigente desde 2004, la famosa ‘Ley 3/2004’. Las medidas se centran en la lucha contra la morosidad en el marco de las operaciones comerciales que, según su artículo 1, den lugar a entrega de bienes o prestación de servicios entre empresas y la administración pública. Por tanto, según el artículo 2 de dicha ley, considera una empresa a cualquier persona física o jurídica que actúe en el ejercicio de su actividad independiente económica o profesional. En otras palabras, los autónomos tienen su cabida aquí. El germen para la protección contra la morosidad imperante en nuestro país había sido plantado. Pero, 2004 queda muy lejos. ¿En qué estado se encuentra ahora dicha ley?

Ley de Morosidad vigente

Como comentábamos, a raíz de la unión de los colectivos más vulnerables por impagos y demoras, la presión surtió efecto y la ‘Ley 3/2004’ pasó a reformularse el 7 de julio de 2010 a ‘Ley 15/2010’. Dicha modificación estableció un periodo de adaptación de dos años desde su aprobación hasta el año 2013, en los que se aplicaría poco a poco y progresivamente la reducción de las cuotas, en todos los sectores y tipos de empresas. Pero ya en pleno 2013, entraron en vigor una serie de plazos máximos de pago en las operaciones monetarias realizadas: 60 días si la empresa es de capital privado y de 30 días en el caso de las Administraciones Públicas (las que más suelen demorar sus obligaciones), a contar a partir de la entrega de los productos o prestación de los servicios. Sin duda, un logro conseguido para todas las partes.
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En esencia, la gran modificación se encontraba en el Artículo 4, referido a la determinación del plazo de pago. Concretamente, el cambio se lleva a cabo para reducir el plazo y se señala el plazo de pago que debe cumplir el deudor. En caso de no haberse fijado fecha o plazo, será de treinta días naturales después de la fecha de recepción de las mercancías o la prestación de los servicios, incluso cuando se hubiera recibido factura o solicitud de pago equivalente con anterioridad. Por tanto, los proveedores deberán hacer llegar sus facturas a sus clientes antes de que se consuman 15 días naturales a contar desde la fecha de recepción de las mercancías o de la prestación de los servicios.

Otro de los cambios importantes a destacar hace referencia a los requisitos para que el acreedor pueda exigir los intereses de demora, siempre que se den las siguientes condiciones: que se cumplan las obligaciones contractuales y que no haya recibido a tiempo la cantidad debida, a menos que el deudor demuestre que no es responsable del retraso en el pago.

Cómo afecta la Ley de Morosidad a los autónomos

Si has llegado hasta aquí y eres autónomo, esto te interesa. Ten en cuenta que la Ley de Morosidad afecta de la siguiente manera a empresas privadas y autónomos, en comparación con anteriores leyes:

  • Si el pago a proveedores se realizaba en un plazo -muy peligroso- de 85 días en los años 2010 y 2011 y de 75 días en 2012, desde 2013 se establece en los ansiados 60 días. Una demora mucha más asequible si tenemos en cuenta el paso del tiempo, eso sí, siempre que se cumpla por la parte pagadora. Recuerda que se establecía una excepción para los productos de alimentación frescos y perecederos de 30 días en el pago desde el año 2010.
  • Es importante también tener en cuenta los datos de la Administración Pública: en 2011 el plazo máximo se situaba en 50 días, 2012 en 40 días y desde 2013 en 30 días. De nuevo, la mejora es considerable, ¿no crees?

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Aunque no todo iban a ser buenas noticias. Hemos de ser francos y hacer autocrítica, ya que aún se está lejos del cumplimiento a rajatabla de las leyes que regulan la morosidad. Pese a que los plazos han disminuido de manera progresiva, no debemos ocultar que las cifras todavía quedan muy lejos de aquellos plazos que marcaba la Ley de Morosidad. De nuevo, las administraciones públicas parecen estar a la cabeza de las infracciones y tardanzas, pero las empresas privadas tampoco se libran.

Pese a todo, el optimismo moderado debería reinar este 2017. Por ello, para que este año tu empresa consiga una mejor relación con proveedores y clientes, queremos darte algún consejo para elegir mejor tus compañeros de viaje en tu aventura empresarial. Como, por ejemplo, no confiar en amigos y familiares de forma sistemática, elaborar informes de riesgo y solvencia por medio de empresas de prestigio para conocer al detalle el riesgo que puede entrañar tu potencial cliente o bien realizar cobros por adelantado en algunas de tus operaciones.

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Fuentes de imágenes:

  • La informacion.com
  • AC Consultor
  • Cinco Días

deFinanzas.com

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