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¿Qué es un alzamiento de bienes?

El alzamiento de bienes es un delito en la parte socioeconómica, que consiste en cualquier acción de un deudor dirigida a la sustracción o incluso ocultación, de todo o parte de su patrimonio, dirigida para que el acreedor encuentre dificultades para hallar elementos patrimoniales con el que poder cubrir su deuda.

En el siguiente post analizaremos lo que supone un alzamiento de bienes y que tipo de delito se comete con este, además de sus modalidades.

El objetivo que quiere obtener la persona que realiza el alzamiento de bienes es salvar todo su patrimonio o cualquier bien del mismo, para beneficiarse a él mismo o alguna otra persona, lo que hace obstaculizar el modo de ejecución que podrían seguir los acreedores.

Modalidades de Alzamiento de Bienes

Este tipo de delito se puede admitir en diversas modalidades:

  1. El modo más elemental supone aparcar físicamente algún bien para que el acreedor no se de cuenta o ignore donde se encuentra.
  2. Una forma mucho más compleja se realiza a través de otra persona, por ejemplo familiares, o amigos del deudor. Se enajena (traspasar la deuda) alguna cosa en favor de otra persona, parientes o amigos. También se puede constituir un gravamen sobre algún bien del deudor que produce su infravaloración. Además también se puede donar algún bien a una persona que conozca el deudor.
Este delito, el de Alzamiento de Bienes, es cercano a la estafa, por eso, para que exista un delito de alzamiento debe existir una deuda previa a los actos de alzamiento, enajenación u ocultación.

Delito de alzamiento en España

Según el Código Penal, en su artículo 257, dentro del capítulo referido a las insolvencias punibles, comenta:

Será castigadocon las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses:El que se alce con sus bienes en perjuicio de sus acreedores.
Quién con el mismo fin, realice, dificulte o impida la eficacia de un embargo o de un procedimiento ejecutivo o de apremio, judicial, extrajudicial o administrativo, iniciado o de previsible iniciación.
Lo dispuesto en el presente artículo será de aplicación cualquiera que sea la naturaleza u origen de la obligación o deuda cuya satisfacción o pago se intente eludir, incluidos los derechos económicos de los trabajadores, y con independencia de que el acreedor sea un particular o cualquier persona jurídica, pública o privada.
En el caso de que la deuda u obligación que se trate de eludir sea de Derecho público y la acreedora sea una persona jurídico pública, la pena a imponer será de uno a seis años y multa de doce a veinticuatro meses.
Las penas previstas en el presente artículo se impondrán en su mitad superior en los supuestos previstos en los ordinales 1.º, 4.º y 5.º del apartado primero del artículo 250.
Este delito será perseguido aun cuando tras su comisión se iniciara una ejecución concursal.
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